LO QUE SE ESCONDE DETRÁS DEL REGATEO SOBRE LOS CIUDADANOS DESAPARECIDOS
La clase dominante encara una operación política de magnitud, concebida y ejecutada por los sectores más reaccionarios, para resucitar la teoría de los dos demonios, amnistiar a los genocidas condenados, acusar a militantes revolucionarios, para luego "perdonarlos" también y culminar todo con la “reconciliación” generalizada. Operación política y aún cultural que empezó bastante antes de este descarado, inmoral e innecesario regateo sobre el número de ciudadanos desaparecidos.
En política los símbolos cuentan muchísimo y para todo ese sector de la sociedad argentina que de un modo u otro se benefició con la dictadura militar había que limar, achicar y de ser posible ensuciar el número-símbolo de 30 mil desaparecidos, que durante décadas de impunidad, fue bandera de unidad de todas las víctimas del terrorismo de Estado.
No es verdad lo
que dicen algunos pretendidos "humanistas", que es lo mismo 8 mil o 9
mil que 30 mil. Si lo rebajan es porque cada desaparecido tiene por detrás un
universo familiar y afectivo, que multiplica la aberración de la desaparición
forzada convirtiéndola en un crimen social de magnitud masiva. Políticamente determinante.
Para tener una aproximación matemática a la gran cantidad de argentinos
perseguidos por la dictadura genocida, basta recordar que hubo cientos de miles
de exiliados, que emigraron -precisamente- para no engrosar el número de
desaparecidos. Multipliquémoslos por sus familiares y amigos y tendremos una
idea de lo que pretendo decir con “políticamente determinante”.
Al rebajar la
cifra, además, procuran acercarla a las víctimas provocadas por la guerrilla,
porque no han renunciado ni renunciarán a la aberración moral y jurídica que
supone "la teoría de los dos demonios". Afortunadamente Argentina
adhirió constitucionalmente a las leyes internacionales que condenan como
"crímenes de lesa humanidad" a los perpetrados desde el Estado, pero
ni eso ha detenido la fiebre “revisionista” de los sectores más retrógrados de
la justicia.
Baste recordar
los casos Rucci y Larrabure –en los que yo mismo fui injustamente perseguido a
nivel judicial- para advertir como se quiere eliminar de nuestra jurisprudencia
el concepto de “crimen de lesa humanidad”, correctamente definido por el doctor
Esteban Righi, cuando fue Procurador y negado después de su salida del gobierno
por la Cámara de Apelaciones de Rosario que ordenó continuar el proceso
Larrabure, de manera totalmente inconstitucional.
La jugada se
inició – a nivel político y cultural- en las postrimerías del actual gobierno, bastante antes de que CFK dejara la escena, y prosperó rápidamente merced al
desprestigio alcanzado por varias organizaciones humanitarias que se
convirtieron en apéndices de la facción gobernante.
Si antes de los
Kirchner, Madres y Abuelas eran practicamente sagradas para amplios sectores de
la sociedad, conductas injustificables como la de Hebe de Bonafini favorecieron
los planes revanchistas de la derecha.
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| Martín Fresneda. Su torpeza favoreció a Macri. |
Esta
devaluación permtió que figuras visualizadas socialmente como “progresistas”,
la diputada Elisa Carrió y la profesora Graciela Fernández Meijide, que tiene
un hijo desaparecido y realizó toda su carrera política a la sombra de esa
tragedia personal, organizaran exposiciones públicas junto con montoneros
arrepentidos como Luis Labraña y familiares de militares presuntamente
asesinados por la guerrilla del ERP, como el señor Arturo Larrabure, con el viejo
objetivo de la reconciliación. Tema caro a todos los genocidas del mundo,
empezando por los falangistas españoles (varios de los cuales están actualmente
en el poder) que primero asesinaron a un millón de españoles y luego
participaron como ovejitas democráticas en el Pacto de la Moncloa. Así va España,
que a 80 años de la guerra civil todavía sigue con miles de muertos
republicanos insepultos.
Un poco antes,
algunos escribas vinculados –orgánica o afectivamente- a los servicios de
inteligencia, comenzaron un proceso”revisionista al revés” de la historia
reciente, que fue fogoneado intensamente por los grandes medios,
tradicionalmente subordinados a Estados Unidos y al poder económico local.
Uno de esos
escribas, Ceferino Reato, ex jefe de prensa del corrupto embajador menemista
Esteban Caselli (vinculado a Yabrán y a
la P-2) y autor de una hagiografía sobre José Ignacio Rucci, que fue financiada
por el “combativo” dirigente rural Gerónimo “Momo” Venegas, inició con su
entrevista al genocida Jorge Rafael Videla, el regateo histórico de los 30 mil,
que se redujeron a menos de un tercio. Ahora dice que estamos “chapoteando en
la sangre y el barro de los setenta”, pero fue él quien se zambulló primero. Y
no en la sangre y el barro precisamente, sino en una sustancia más hedionda.
Después vino una legión de
pseudohistoriadores y periodistas a sueldo de 25 de Mayo, con una campaña
macartista antiguerrillera y, en particular, antimontonera, de extraordinaria
virulencia y gran efectividad. Pero nunca, desde los tiempos de la CONADEP
alfonsinista, ningún funcionario del área se había animado a dar,
taxativamente, una cifra oficial sobre desaparecidos. La CONADEP, conviene recordarlo,
publicó en marzo de 1985 sus ANEXOS DEL INFORME DE LA COMISION SOBRE
DESAPARICION DE PERSONAS, donde consignó tres listas: la de “personas
desaparecidas por apellido paterno”; la de “personas vistas en lugares de detención”
(obviamente clandestinos) y los nombres y ubicaciones de los Centros
Clandestinos de Detención, que ya entonces alcanzaban el terrible número de
365. (A un cálculo ridículo de 30 personas por centro ya estaríamos en 10.950
desaparecidos). Más prudente, la CONADEP dejó varios centros sin ningún
desaparecido y contabilizó 8.961 casos de personas desaparecidas “por apellido
paterno” y 2.510 casos de “personas vistas en centros de detención”. Si las sumamos
la cifra resultante es 11.471.
Los datos que registró la CONADEP
tienen un gran valor porque fueron recolectados cuando aún imperaba el terror a
los militares. Baste recordar que en marzo de 1984, cuando el doctor Raúl
Alfonsín ya llevaba cuatro meses al frente del gobierno constitucional, la
desaparecida Cecilia Viñas de Penino se comunicaba telefónicamente con su
familia desde la Base Naval de Mar del Plata donde continuaba en calidad de “detenida-desaparecida”
y donde desapareció para siempre después de haber parido un hijo del que se
apropió el jefe de la ESMA, el capitán de navío Jorge Vildoza. No es el único
caso. Hay muchos más. Especialente en áreas rurales. La tendencia lógica es
que, con el paso del tiempo, las denuncias aumentaran, no disminuyeran.
Pero he aquí –parajodas de la
democracia argentina- que al llegar a la Secretaría de Derechos Humanos del
gobierno kirchnerista, el hijo de desaparecidos Martín Fresneda creara un
pomposo “Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado” (RUVTE), que
rebajó el listado a 6348 casos de desapariciones forzadas más 952 personas
asesinadas que no estuvieron desaparecidas.
Esos datos, que
hubieran debido ser cotejados con distintos conteos y fuentes por una comisión
internacional absolutamente imparcial, le vinieron como anillo al dedo al gobierno de
Mauricio Macri. Si los propios kirchneristas, que se jactaban de ser la
continuidad de la juventud de los setenta, rebajaban la cifra inicial y precaria
de la CONADEP en vez de subirla, la mano les venía de perillas. Ahora había que
hacerlo público por muchas razones –entre otras- para ternminar de sepultar a
los organismos de derechos humanos y bajarle el precio al kirchnerismo, ya muy
alicaído con las causas por corrupción. “Eran todos chorros”, es el grito de
guerra pera pulverizar la entrega y el heroísmo de una generación entera y
amalgamarla con la basura política contemporánea.
Primero salió a
regatear desapariciones el ministro de cultura de Buenos Aires, Darío
Lopérfido, el del apellido premonitorio y se armó tal escándalo que se tuvo que
ir –literalmente- al Colón. Había tenido letra previa del actual Ministro de
Cultura de la Nación Pablo Avelluto, quien escribió en un libelo municipal que
había que rebatir los libros como “Recuerdo de la muerte” de Miguel Bonasso,
que hacían la apología de la guerrilla y contar lo que Cecilia Pando llamaría “la
verdad completa”. Mi antiguo editor en Planeta olvidó consignar la narración
del juicio a Tulio Valenzuela, que ha sido una de las narraciones más
autocríticas sobre Montoneros.
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| Claudio Avruj. Decretó la cantidad de desaparecidos. |
Luego, el propio presidente Mauricio Macri dijo en una entrevista periodìstica que habíamos vivido “una guerra sucia” y que él “no tenía idea (sic) de si eran 9 mil o 30 mil”. Le creo que no ntuviera idea de este tema porque como diputado nunca vi que tuviera idea de nada. Por lo tanto ignora que la expresión “guerra sucia” fue inventada por la contrainsurgencia francesa (guerre sale) para justificar torturas y crímenes en Vietnam y en Argelia. Finalmente, el primer mandatario agregó, con desaprensión total: “Esta es una discusión sin sentido: la mayor prioridad del gobierno son los derechos humanos del siglo XXI”.
Faltaba un
golpecito de efecto para oficializar la mentira y vino. En agosto pasado una
fantasmal Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional,
conducida por el abogado José Lucas Magioncalda, a quien fuentes de Comodoro Py
consideran un “denunciador serial”, le “exigió” al Secretario de Derechos
Humanos Claudio Avruj un listado completo de los desaparecidos y asesinados por
la dictadura. Impresionado posiblemente por los antecedentes caceroleros de
Magioncalda, que estuvo entre los organizadores de la protesta del 13 de marzo
de 2013, (junto entre otros con
el nazi Biondini) Claudio Avruj, le pasó los antecedentes del kafkiano RUVTE y
salió él mismo a decretar el número de desaparecidos. Primero dijo que habían
sido 6348, luego subió a 7010, más 1561 asesinatos producidos desde 1973 hasta
el retorno a la democracia.
Más allá de las dudas
gigantescas sobre las cifras aportadas por la Secretaría de DDHH, surgen
preguntas inevitables: ¿por qué no lo dijeron antes? ¿por qué no dijeron donde
están? ¿por qué no dijeron lo que les hicieron? ¿por qué no dijeron quién los
hizo desaparecer? ¿por qué le responden al sello de goma de un denunciador
serial y nunca le dieron ni cinco de pelota a Madres, Abuelas, Hijos y
Familiares en general? ¿porqué no le cuentan la verdad a los países que
tuvieron ciudadanos secuestrados como España, Suecia, Francia, Italia, Alemaniao
Estados Unidos, entre otros?
¿Qué significa esta frivolidad
sobre una tragedia que afecta –de manera directa e indirecta- a millones de
argentinos?
Pero, además, esta respuesta
inhumana, es falsa.
Hace diez años, el viernes 24
de marzo de 2006, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon, publicó en “La
Nación” (http://www.lanacion.com.ar/791532-el-ejercito-admitio-22000-crimenes) una nota fechada en Washington que llevaba el siguiente
copete: “Treinta años después del golpe militar, nuevos documentos
desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho
desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún
restaban cinco años para el retorno a la democracia”.
“El cálculo –continuaba el
artículo- aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el
Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, aparece
entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de la Seguridad Nacional
de la Georgetown University, y a cuyas copias accedió La Nación”.
Arancibia Clavel, espía de la
DINA chilena, fue condenado en el año 2004 por la justicia argentina, dada su
participación junto elementos de la CIA y la Policía Federal Argentina en el
asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa. Un asesinato que
preludió el famoso Plan Cóndor de cooperación entre las dictaduras militares de
Centro y Sudamérica.
En el citado artículo de La
Nación, Alconada Mon agrega que “también en 1978 otro documento del
Departamento de Estado ya estimaba en 15 mil los desaparecidos”. Y 15 mil
desaparecidos fue la cifra que aportó en marzo de 1977, Rodolfo Walsh en su
célebre Carta a la Junta Militar. Aún faltaban seis años terribles para que se
acabara la dictadura y la matanza generalizada.
Es importante regresar al número de centros clandestinos de reclusión, que ya en 1984 sumaban 365. Si en la ESMA solamente pasaron más de 5.000 argentinos y sobrevivió un puñado que apenas sobrepasa los cien; si el tétrico general Ramón Camps se jactaba de que bajo sus órdenes habían perecido cinco mil subversivos en la provincia de Buenos Aires; si por el Campito de Campo de Mayo habían pasado otros cinco mil y la Perla de Menéndez y el “Nabo” Barreiro había sido el calvario secreto de más de dos mil, ¿de cuántos estamos hablando? Si a todo esto se agregaban los prisioneros del Operativo Independencia y los de toda la provincia de Tucumán, bajo control del corrupto general Antonio Domingo Bussi (el que lloraba por sus cuentas en Suiza), es obvio que 7.010 es una cifra ridícula e inmoral. Si sumamos todos los centros clandestinos identificados hasta el día de hoy es altamente posible que el número de 30 mil, que tanto irrita a la clase dominante se quede muy chico.
Robert Hill, embajador norteamericano en Argentina informó a sus superiores en 1978: “Es nuestra estimación que al menos varios miles fueron asesinados y dudamos que alguna vez sea posible establecer una cifra más específica”. Entre otras cosas, porque después de la vergonzosa derrota en Malvinas los jefes militares ordenaron quemar todos los archivos referidos a la represión clandestina.
Sin embargo, una versión de la
época aseguraba que había microfilmaciones guardadas secretamente en el
extranjero: concretamente en el CESID español y en el Mossad israelí.
Algún día, tal vez, aparecerán los documentos probatorios, mientras tanto, para mi y para millones de argentinos los 30 mil son sagrados. CON LOS DESAPARECIDOS NO SE JODE.
Miguel Bonasso
Buenos Aires, octubre de 2016
