Kódigo Civil: La entrega y el integrismo medieval


YA RIGE EL 'KÓDIGO CIVIL' DE LA ENTREGA Y EL INTEGRISMO MEDIEVAL


Los legisladores que modificaron el Código Civil en beneficio de la reacción y la entrega al capital extranjero merecerían el título de “infames traidores a la Patria” que injustamente recibieron en 1955 los diputados y senadores del primer peronismo.

Dos de las reformas ya introducidas o por introducir en estos días, implican un retroceso histórico de enorme gravedad. Sin precedentes institucionales a la vista. O sea, a nadie, por entreguista y canalla que haya sido (y hubo muchos) se le había ocurrido antes algo semejante. La derogación –de facto- del artículo 8º de la ley 1420 atenta contra el irrenunciable CARÁCTER LAICO del Estado y el nuevo artículo 2639 del Código suprime la indiscutible e imprescindible soberanía del sector público sobre las orillas de los ríos que surcan el territorio nacional.



Manifestaciones en defensa de la educación laica

Los que ya entregaron el campo al glifosato cancerígeno de Monsanto y los Andes a la codicia de la Barrick Gold y otras megamineras depredadoras del agua argentina, avanzan ahora sobre estructuras jurídicas que permanecieron inalterables desde fines del siglo XIX, para convertirnos de manera total, absoluta e irreversible en una republiqueta bananera.

El regreso de la enseñanza religiosa

La ley 1420, que estableció en 1884 “la educación pública, obligatoria, gratuita y laica”, es la ley que hizo de la Argentina un país avanzado, con un notable desarrollo urbano y una clase media sin equivalente en toda América Latina.

Varias veces la jerarquía católica intentó suprimir el carácter laico de la norma, recurriendo con el poder de turno a toda clase de subterfugios.  En el 2006, por ejemplo, al discutir la nueva ley de educación no se ratificó el carácter laico que establecía el artículo octavo. Este olvido tan significativo permitió que el gobierno feudal de Salta se amparase en la nueva ley para restablecer la enseñanza católica en las escuelas públicas.

Un retroceso que va de la mano con otros índices sociales y económicos que sindican al gobierno del oficialista Juan Manuel Urtubey, como uno de los más retrógrados del territorio nacional. Líderes en femicidios y atropellos de género, también encabezan el campeonato de violadores de la ley de bosques. Desde que la norma de mi autoría fue sancionada en noviembre de 2007 hasta mayo de 2014, en que se produjo un esclarecedor informe de la Auditoría General de la Nación, se desmontaron en la provincia salteña más de 400 mil hectáreas. Ciento veinte mil en zonas expresamente protegidas donde están absolutamente prohibidos los desmontes. Ecocidio se llama eso.

Pero la destrucción de los bosques nativos no preocupó a Juan Manuel Urtubey, ni a su hermano Rodolfo que, casualmente, se dedican al negocio del desmonte y a perfumar con incienso clerical las aulas que los legisladores del siglo XIX soñaron laicas. Rodolfo Urtubey es diputado y no por casualidad preside la Comisión Bicameral de Digesto Jurídico, que está encargada de eliminar antiguas normas presuntamente superadas por otras más modernas. Esta Comisión ya derogó la ley de educación de 1884, llevándose puesto al artículo 8º. Hasta el momento de escribir estas líneas solamente el diputado radical (y ex fiscal) Manuel Garrido –miembro de la Bicameral- había protestado por la mutilación de la norma.

Pronto veremos qué ocurre y cuál fue la directiva de CFK, que va por su sexto encuentro con el Papa y ya le advirtió a fieles seguidoras como la diputada Juliana Di Tullio, jefa del bloque oficialista, que se olviden –entre otras cosas- de una ley favorable al aborto. 

A fines de los cincuenta, Arturo Frondizi, otro político “pragmático”, concluyó como el Quijote: “con la Iglesia hemos topado, Sancho” y propuso reemplazar la educación laica por la que llamaban –de manera hipócrita- “educación libre”, para no calificarla directamente como educación religiosa.

El desmadre que se armó fue colosal. Hubo batallas campales entre los que defendíamos la “laica” y los de la “libre”, que en cierto modo anticiparon las luchas que conducirían al Cordobazo a fines de los sesenta.

No es probable que en esta sociedad actual, aplanada por la anomia y dividida por antinomias sin vuelo histórico –como la famosa “grieta”- vuelva a repetirse aquella contradicción explosiva de fines de los cincuenta, absolutamente basada en los principios y no en mezquinos intereses de una política parroquial. Nadie, hoy, parecería inclinado a jugarse el todo por el todo por la “libre” o la “laica” y, sin embargo, si se llegara a consagrar una ley de educación sin ese maravilloso artículo 8, la República habría retrocedido hasta quedar a la derecha de Julio Argentino Roca, que promulgó la famosa ley 1420 en 1884.

Las riberas son ajenas

Otro retroceso ideológico y físico de enorme magnitud que se opera con el nuevo Código Civil y Comercial, queda plasmado en el artículo 1974, que reemplaza al 2.639 actual y establece que solamente los dueños de terrenos colindantes con los ríos podrán disfrutar de sus costas. No sólo porque el dominio público de las riberas se reduce de 35 a 15 metros, sino porque además se suprime el carácter de “calle o camino público” de esa franja costeña.

Postal del lago Lácar, San Martín de los Andes, Argentina

Como señala muy bien el abogado ambientalista Enrique Viale, “se perderá el acceso público a la totalidad de los ríos del país. Miles de kilómetros cuadrados actualmente de acceso público dejarán de serlo y veremos –impotentemente- como se corren los alambrados sobre sus orillas impidiendo el acceso y goce por la población”.

“La magnitud de esta entrega territorial – prosigue Viale- se puede evidenciar calculando lo que significa 35 metros a cada lado de los 29.766 kilómetros que, se estima, cubren nuestros ríos”. Hablamos de 208.400 hectáreas, más de diez veces la ciudad de Buenos Aires.

Viale coloca una postdata aterradora: “Quizás estamos ante la mayor ‘privatización’ de tierras de la historia desde la denominada ‘Conquista del Desierto’. La principal beneficiada (y promotora de esta reforma) es la especulación inmobiliaria. Su principal objetivo es la proliferación de barrios cerrados y countries en el delta bonaerense, los ríos de la Patagonia y de la Mesopotamia que serán –desde ahora- sólo de acceso de los dueños ribereños”.

Hace ya unos cuantos años, cuando presidía la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, encabecé una delegación a Bariloche y sus alrededores, que tenía como objetivo vincularse con los pobladores y sus representantes sociales a fin de conocer en detalle la problemática ambiental de la zona. El programa incluyó la visita a uno de los lagos cercanos, a cuya ribera no pudimos acceder, porque el dueño del terreno colindante (“un gringo”, según nos dijeron) no permitía que nadie le pisara “sus” costas. Lo que entonces nos pareció un atropello y así lo denunciamos, queda consagrado ahora como derecho en el nuevo Código Civil y Comercial de esta desdichada banana republic.

A veces me pregunto, viendo estas barbaridades, qué podrá inventar Mauricio Macri para quedar a la derecha de Scioli-Zannini. Y como no se me ocurre, he decidido llamar a Forster  y a Sabatella para consultarlos.



Miguel Bonasso
Primero de agosto de 2015

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