Ofensiva actual de la extrema derecha


 
No a la reconciliación con los genocidas, sí a un gran Acuerdo Ciudadano para el respeto irrestricto de la democracia, los derechos humanos y las leyes que emanan de las normas internacionales sobre genocidio, terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, que incorporamos a nuestra Constitución Nacional.

Este aniversario del golpe más sangriento de nuestra historia, se produce en un momento sumamente peligroso, porque las fuerzas oscuras que levantan la “teoría de los dos demonios”, la proclamada “verdad completa” y otras equiparaciones canallescas entre genocidas y luchadores populares, pretenden retrotraernos a los tristes años en que torturadores, violadores, asesinos y ladrones de niños gozaban de impunidad, merced a la blandura y complicidad de gran parte de la dirigencia política.

Sus escribas de tercera, en realidad agentes de los tan mentados servicios de informaciones, infestan medios y redes sociales con su prédica. Cuentan para sus fines revanchistas con la complicidad de supuestos guerrilleros arrepentidos que pretenden hacerse simpáticos a la reacción rebajando el número total de los desaparecidos. Como si la desaparición forzada de personas  fuera una mercadería en regateo.


Desgraciadamente, el gobierno kirchnerista, que se autoproclama como el de “los derechos humanos”, le ha hecho el juego a esa derecha revanchista y salvaje que se ufana de enfrentar. Los hechos hablan por sí mismos:

Su sectarismo ha fracturado el campo popular en dos bandos irreconciliables, debilitando peligrosamente a las fuerzas democráticas.

 La pretensión de los kirchneristas de ser los justos, los patriotas y los revolucionarios de esta etapa choca con la evidencia de sus actos de corrupción y ensucia las banderas que dicen defender. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los principales organismos defensores de los derechos humanos: al estatizarlos y ponerlos al servicio de la facción política gobernante les han arrebatado el prestigio universal y atemporal que habían conquistado en su lucha heroica por la verdad y la justicia.

Devenidos un instrumento más del PJ-Frente para la Victoria, sometidos a la Obediencia Debida a la Jefa Suprema, han perdido la sustancia y la potencia que los hacían intocables, incluso para la reacción política y la prensa venal. Por suerte hay organizaciones y personalidades que continúan la lucha histórica, pero el daño a la causa es tremendo: el famoso asado en la ESMA, con su temible mensaje de “resignificar” el espacio donde miles de compatriotas sufrieron tanto, marca un hito fundamental en esta degradación de símbolos que deberían ser sagrados.  

 La utilización de los servicios de inteligencia (civiles y militares) para espiar a dirigentes políticos y sociales, corromper a jueces, fiscales y periodistas y controlar los conflictos sociales con metodologías de clara raigambre fascista, rompen el pacto con la sociedad que fue el motor del ascenso de Néstor y Cristina Kirchner al poder.

La protección clandestina, durante once años, de agentes delincuenciales como “Jaime” Stiuso, vinculados a la trata de personas, la extorsión, el contrabando y el narcotráfico, generaron la llamada “guerra de los espías”, que empezó con el fusilamiento del “Lauchón” Pedro Viale (mano derecha operativa de Stiuso), siguió con el asesinato del fiscal Nisman (mano judicial de Stiuso) y no se sabe a qué nuevas alturas de conmoción puede llevar a una sociedad ya convulsionada por el fin de un ciclo y la puja electoral.
 
En el trasfondo de esta guerra de los espías asoma una anomalía institucional gravísima que pone definitivamente en entredicho al autoproclamado “gobierno de los derechos humanos”: la asignación de ingentes recursos financieros, materiales y humanos al espionaje militar, conducido en persona por un veterano de la inteligencia militar: el general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani.
Milani, que perteneció al tristemente célebre Batallón de Inteligencia 601, uno de los pilares de la represión clandestina durante la dictadura militar, tiene cuatro graves acusaciones en su contra, por crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período, cuando era subteniente del Ejército. El más grave es el secuestro y desaparición forzada de su asistente, el soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, perpetrado en Tucumán, en junio de 1976, que el actual jefe del Ejército hizo pasar por una “deserción” en un documento oficial de la época.

En La Rioja, Ramón Alfredo Olivera, lo acusó de haber secuestrado y torturado  a su padre y luego a él mismo.

Según Graciela Ledo, la hermana del soldado desaparecido, Milani y sus agentes han hecho de todo en La Rioja, para amedrentar a posibles testigos. Hay hechos curiosos, típicos del accionar de los servicios, como el robo del automóvil particular de Martín Apóstolo, el secretario de la Fiscalía Federal de La Rioja. Los delincuentes devolvieron el auto, pero no la documentación que había en su interior: las fotocopias del expediente Ledo.

Pero el temor y las chicanas judiciales no han bastado para sacar al general de su laberinto: la Cámara Federal de Córdoba se negó a dictar su sobreseimiento en el Caso Olivera y el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito ha pedido –de manera reiterada- que Milani sea citado a indagatoria por el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas.

Por si fuera poco, el antiguo represor del Operativo Independencia, devenido jefe del ejército en democracia, está acusado de enriquecimiento ilícito por groseras evidencias, como la mansión que posee en la zona más exclusiva de San Isidro y no se corresponde con su salario en el Ejército. Ayer, 24 de marzo, fue previsiblemente defendido por Aníbal Fernández; antes había conquistado los encendidos elogios de la ex luchadora Hebe de Bonafini.

El aporte presupuestario de más de 500 millones de pesos para la inteligencia militar (abultado ingreso que provocó el celo de Stiuso y su banda, aunque también motorizó  el regocijo del espía Fernando Pocino y la otra banda de la ex SIDE), hablan a las claras de como este gobierno que concluye en diciembre viola la ley. Sin hipótesis de guerra a la vista (a pesar de lo que diga The Sun), esos fondos y los materiales electrónicos sofisticados que han sido entregados al Ejército, sólo sirven para dos fines posibles: el control social o la pretendida lucha contra el narcotráfico, al estilo inaugurado en México por Felipe Calderón y la derecha democristiana del PAN (Partido de Acción Nacional).

Ambos objetivos están expresamente prohibidos por la Ley de Inteligencia y otras normas que impiden la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales. Esto parece ignorarlo el ex jefe de Gabinete, Jorge Milton “Coqui” Capitanich, quien afirmó desde su púlpito matinal de la Casa Rosada, que era material para “perseguir al narcotráfico”.

A México, la participación del Ejército en la pretendida “lucha contra el narco” le ha significado en siete años alrededor de cien mil muertos y más de veinte mil desaparecidos, como los estudiantes de Ayotzinapa. Tal vez Milani u otro cerebro vinculado al Southern Command, esté pensando en algo similar para nuestro país y, de allí que se pretenda una “reconciliación” con los represores de ayer y un nuevo rol social para el Ejército. Como uno de esos encuentros en las villas de los que participaron soldados, Madres de la línea Hebe e integrantes de La Cámpora. Allí, Bonafini, delante de Milani, el ministro Agustín Rossi y el “Cuervo” Larroque soltó una frase muy significativa: “Yo ya lo dije muchas veces. Lo vuelvo a repetir: antes que poner preso a un militar, como tantos años luchamos para que vayan presos los genocidas, yo elijo niños felices”.

He aquí la nueva teoría de la “reconciliación” enunciada por la persona menos pensada; precisamente aquella que en años anteriores se singularizó por su intransigencia. Sin duda el gobierno comete errores, pero el Sistema que lo contiene sabe enmendarlos astutamente para mantener el statu quo.
Militarizar la lucha contra los delitos complejos es lo que nos falta para ampliar y multiplicar la tragedia argentina hasta niveles intolerables y tornar irreversible nuestra decadencia; la conversión definitiva en una república bananera que compra el cáncer del glifosato al que nos somete Monsanto, el envenenamiento del agua a cargo de Chevron, la Barrick Gold y los chinos, el saqueo de todos nuestros recursos naturales sin excepción.

El imprescindible combate contra el narcotráfico, la trata y otras lacras requiere de organismos de seguridad fuertemente controlados (vigilados, diría mejor) por la sociedad civil. Los males de esta democracia “a la americana” (representativa y no participativa) se curan con más democracia, no con más secreto oficial, que lo único que protege es la corrupción y el envilecimiento progresivo de los empleados públicos, tanto civiles como militares. 

En este cuadro de verdadera desintegración nacional, florecen las propuestas autoritarias, divulgadas por pseudo intelectuales –generalmente formados en la UCA- con el reloj tan atrasado que no sólo reniegan contra la guerrilla de los setenta, sino contra la propia Revolución Francesa, a la que consideran madre de todos los engendros diabólicos que aquejan a la humanidad.

Son los viejos inquisidores de siempre (discípulos de Jaime María de Mahieu, de Charles Maurrás, del padre Menvielle) a quien sería incorrecto llamar fascistas porque ni siquiera llegan al Codigo d’il Lavoro de Mussolini o la prosa nacional-sindicalista de José Antonio. Están más cerca de la religiosidad esperpéntica de su respetado, adulado y entrevistado “general Videla”.


Junto a ellos dirigentes corruptos de la derecha peronista, sindical y política. La que nutrió de “cuadros” a la SIDE y otros servicios que, como decía Perón, lo que menos tienen es inteligencia.
Todos ellos tienen en mente la reversión que se produciría en diciembre, tan pronto como se vaya CFK y sus militantes rentados, acusados por momios y momias de “montoneros”.

 Aunque parezca que los inquisidores no mueven el amperímetro político, hay que ponerles un stop preventivo. Un acuerdo cívico, que incluya a los partidos pero no se limite a ellos, sino que se expanda hacia las organizaciones sociales, las iglesias, los claustros universitarios y los ciudadanos de a pie.

Un acuerdo claro, sencillo, en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos del pasado y del presente, sin fisuras por donde puedan colarse los genocidas sin castigo, como el general Milani y otros menos notorios pero igual de temibles.

Sería maravilloso que el próximo 24 de marzo no hubiera dos plazas como ayer. Que exista solamente la Plaza del Acuerdo y no la de la reconciliación.

Miguel Bonasso
Buenos Aires, 25 de marzo de 2015


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