Dossier criminal de Jorge Mayoral

Los vínculos ilegales entre la Barrick Gold y el Secretario de Minería, Jorge Mayoral


El Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, dependiente del Ministro de Planificación Julio De Vido es, sin duda, uno de los principales responsables de las concesiones inmorales e ilegales que CFK y el gobernador de San Juan José Luis Gioja otorgaron a la Barrick Gold, facilitando con esta complicidad que se produjeran desastres como el derrame de un millón de litros de solución cianurada en el sistema del río Las Taguas, con todavía desconocidas consecuencias para las poblaciones de Jachal e Iglesia.

Como diputado de la Nación y mediante mi libro “El MAL –El Modelo K y la Barrick Gold” denuncié hace cuatro años al Secretario de Minería Jorge Mayoral y a la Presidenta Cristina Fernández “por tráfico de influencias”. Junto con la diputada Fernanda Reyes, los acusamos de estar vinculados a la empresa formalmente canadiense que fue inicialmente propiedad del traficante de armas Adnan Kashogui y de su jefe en la CIA, el ex presidente norteamericano George Herbert Walker Bush.

La denuncia, que recayó en el Juzgado Federal a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, fue ostensiblemente derivada a vía muerta. Cuatro años más tarde, ya disipada la borrachera del 54 por ciento que imperaba en el 2011, los tribunales de Comodoro Py –obviamente influidos por el desastre del derrame en Jachal- han decidido dirigir sus rayos hacia Mayoral.

El juez federal Sebastián Casanello, respondiendo a un requerimiento del fiscal federal Ramiro González, imputó a Mayoral, al Presidente de la Cámara Minera de San Juan Santiago Bergé, al Scretario de Ambiente de San Juan y a directivos de Barrick Gold, por el estrago causado con cianuro en perjuicio de las poblaciones de Jáchal e Iglesia.

Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado también acaba de presentar un pedido de investigación criminal por el mismo tema.

Si fiscales y jueces se asoman a la denuncia penal que hicimos hace ya cuatro años y que yo reproduje en mi libro “El Mal” podrán advertir que Mayoral actuó siempre como un socio minoritario de Barrick, haciendo la vista gorda ante gravísimas irregularidades en la mina de Veladero y en el ambicioso proyecto de Pascua Lama.

Cuando libré la batalla por la Ley de Glaciares y escribí “El Mal”, el también sanjuanino y empresario minero Mayoral admitía tener intereses en dos empresas del sector: Micas Argentina S.R.L. y Millstone S.A. Nada punible, ni siquiera cuestionable, si el Secretario no hubiera utilizado el poder que detenta para favorecerlas, pero allí está justamente el quid de la cuestión: por una significativa casualidad Millstone compartía domicilio porteño con Barrick Exploraciones Argentina S.A. en la calle Marcelo T. de Alvear 674, primer piso. Y esta coincidencia domiciliaria, más que significativa, abre de par en par la sospecha del tráfico de influencias. Que se refuerza al advertir que no solo comparten el espacio físico, sino también los ejecutivos. El abogado Hernán Atanasio Celorrio, por ejemplo, fue presidente de Millstone S.A., una de las dos mineras que Mayoral reconoce como propias, y también fue presidente de Barrick Argentina.

Otra coincidencia domiciliaria de la Barrick tuvo ya graves consecuencias para el ambiente. Cuando preparaba el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de Veladero, la consultora “independiente” Knight Piésold, compartía oficinas en la ciudad de San Juan con su presunto cliente Barrick Gold.  No es de extrañar entonces que mintiera respecto a las reservas hídricas de Veladero y a la existencia de glaciares en el lugar, lo que habilitó a la Barrick a cargarse el glaciar Conconta o glaciar de Vallejos, para abrir un camino de 35 metros de ancho de acceso a la planta y los yacimientos. Un verdadero ecocidio, denunciado en ese momento por ese gran defensor del ambiente que fue Javier Rodríguez Pardo.

Como no podía ser de otro modo, Mayoral estuvo entre los invitados de honor, junto con su jefe Julio De Vido, cuando Barrick inició actividades en Veladero, la mina en la cual acaba de producirse el derrame. Era lógico: tanto los funcionarios sanjuaninos presentes como los nacionales habían aprobado el Acta Número 2447 por la que el Departamento de Hidráulica  de San Juan concedió el uso de agua subterránea para uso poblacional solicitada por Minera Argentina Gold S.A. (Barrick). Y a un precio irrisorio, infame para una provincia árida con gravísimos problemas en el suministro de agua. Uno de los principales ilícitos de Mayoral y compañía que la justicia –si tiene la suficiente voluntad- puede probar rápidamente y castigar de manera ejemplar.

En octubre del 2006, la Secretaría de Ambiente, a cargo de Romina Picolotti (actualmente encausada por irregularidades en su gestión), le sugirió con gran suavidad a Mayoral algo más que sensato y obligatorio: que la Secretaría de Minería a su cargo evaluase el Informe de Impacto Ambiental de la Knight Piésold, lo que el sanjuanino, por supuesto, se cuidó mucho de hacer, dando pie con esa negligencia a gravísimos delitos contra el ambiente.

Pero tal vez el momento estelar de Jorge Mayoral como traficante de influencias, se produjo en noviembre de 2008, cuando instó a CFK a vetar –de manera total- la Ley de Glaciares, alegando que no hacían falta nuevos estudios de impacto ambiental, ni auditorías, que pudieran determinar “el cese o traslado de proyectos (mineros) en ejecución”, tal como lo establece el artículo 15 de la ley para el caso de actividades de todo tipo que afecten a los glaciares y las áreas periglaciales.

Citando al Secretario de Minería ahora imputado, CFK sostuvo en el veto que “el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades, sino por el contrario a fijar parámetros mínimos que las provincias deben asegurar”.

Infatigable en el ejercicio de la mentira, el 7 de mayo de 2009, Mayoral se atrevió a defender ante la prensa el acuerdo tributario secreto para Pascua Lama que habían firmado Chile y Argentina, por el cual Argentina hacía estratégicas concesiones que reformaban de hecho normas tributarias decisivas como la referida al impuesto al Valor Agregado y a Ganancias, una atribución constitucional del Congreso. Cuando se conoció el Acuerdo, la Presidenta lo celebró con unas declaraciones verdaderamente pintorescas: “Nunca hubo un proyecto minero de estas características y esto requiere una ingeniería institucional en muchos rubros, tributario, laboral, medioambiental. Todo debe ser rigurosamente acordado y cuidado. Lo que hemos logrado es superar la última traba que era el tema impositivo entre ambos países”. 

Lo que ella llamó “ingeniería institucional” significaba en términos reales que el Estado argentino resignaba capacidad de recaudación tributaria, a espaldas del Congreso.

Es que el Congreso no les convenía, porque a veces perdieron como ocurrió con la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares. Cuando esta última llegó al Senado, la posición favorable a las mineras y al oficialismo, contó con el aporte entusiasta de Mayoral y de un oscuro personaje bonaerense, Homero Bibiloni, que fungía como Secretario de Ambiente y portaba credenciales bastante mugrientas para el cargo, como haber defendido como abogado a la empresa hipercontaminante Diacrom.

Este es Jorge Mayoral el personaje que ahora –dicen- van a juzgar. El mismo que denunciamos hace cuatro años y siguió, impávido y sonriente, como socio minoritario de la Barrick Gold.

La empresa que ha obligado a los ciudadanos de Jáchal e Iglesia a consumir –tal vez para siempre- agua embotellada.

Miguel Bonasso

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